El Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma que obliga a las entidades financieras a provisionar y fijar un capital extra para afrontar el deterioro de los activos inmobiliarios, con el apoyo de 303 diputados provenientes del PP, PSOE, CiU, además de la abstención de PNV.
Durante su defensa ante el Pleno de la Cámara Baja, Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, elevó en 2.000 millones de euros, hasta 52.000 millones, las necesidades de saneamiento, que en enero había cifrado en 50.000 millones. Una vez aprobada la reforma financiera, De Guindos aclaró que esta variación se debía a que las estimación inicial tenía en cuenta la situación de los balances a junio de 2011 y que con el Decreto las necesidades se actualizan a diciembre de 2011.
Consenso
El ministro además puso el énfasis en el “amplio” consenso alcanzado, y argumentó su “satisfacción” en la imagen de cara a los mercados financieros. “La amplitud del apoyo político es una señal muy positiva”, garantizó.
En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles, para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.
De Guindos explicó durante su intervención que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes.
La raíz del problema
“El Gobierno actúa sobre la raíz del problema”, aseguró el ministro, para después defender que el saneamiento persigue entidades “solventes y viables”. De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una “cierta mejoría” tras la aprobación del decreto ley y reiteró la intención del Ejecutivo de generar un “beneficio adicional”, tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con “importantes descuentos”.
Remuneraciones
La norma también recoge nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB. En concreto, el Gobierno limita a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado.
Europa Press
