El Consejo de Administración de Nuclenor decidió este viernes anticipar el cese definitivo de la explotación, por lo que se procederá a desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica a las 23.00 horas de domingo 16 de diciembre para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación. Esta decisión se adoptó tras analizar el impacto que tendría en la empresa continuar su actividad con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, en particular en lo que se refiere a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado que se aplicarían a la central ubicada en la localidad burgalesa de Santa María de Garoña.
Pérdidas
En este sentido, la compañía analizó diversos informes económicos y jurídicos que había solicitado a expertos independientes y al auditor de cuentas de la sociedad, concluyendo que, en caso de aprobarse el citado proyecto de ley con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros, lo que incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal.
Ante esta situación, el Consejo de Administración tomó las decisiones oportunas sobre el funcionamiento de la central nuclear de Garoña para evitar la aplicación de dichos impuestos, de cara a garantizar que la sociedad pueda seguir respondiendo de sus obligaciones ante sus trabajadores y proveedores.
Valoración de Villanueva
Por su parte, Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, aseguró “no comprender” y “rechazar” la decisión de Nuclenor de adelantar el cierre de la central Nuclear de Garoña y pidió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la empresa diálogo para avanzar en posibles márgenes en la fiscalidad.
“No se comprende que se llegue a esta situación”, insistió el consejero de Economía y Empleo, quien recordó que tanto el Gobierno central como la Junta defendieron el mantenimiento de la actividad en esta central después de que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) garantizaran la seguridad de la misma.
Para Villanueva, en la decisión de la empresa de adelantar 6 meses el cierre previsto falta “trabajo y voluntad de diálogo”, por lo que reclamó que se busque una solución si queda algún margen para revocar esta decisión que supone un “perjucio” para Castilla y León y España. “No lo comprendemos, lo rechazamos, el CSN había determinado que la central cumplía los requisitos sobre la base de la solicitud de la continuidad”, manifestó Villanueva.
Europa Press / Castilla y León Económica
