España es un país con un tejido empresarial liliputiense: el 94% de las empresas tiene una media de 1,7 empleados, por lo que, junto a Italia y Portugal, somos el Estado de la UE con el número de pymes más elevado; y en el caso de Castilla y León, y según el Ranking de las 5.000 Mayores Empresas publicado por nuestra revista en el pasado mes de febrero, el 97% son pymes por el número de trabajadores. ¿Son más torpes los empresarios hispanos que sus colegas comunitarios al no conseguir incrementar el volumen de sus recursos humanos? Pues sinceramente creo que no y que la causa, como en otros aspectos como la fiscalidad, se debe al entorno legal en el que se desenvuelven nuestras compañías.
El tema salió a colación en el último Congreso Regional de Empresa Familiar de Castilla y León, donde se denunció que cuando una empresa supera los 50 empleados se disparan sus costes indirectos, las cargas burocráticas y las barreras regulatorias. Así, al traspasar ese umbral automáticamente aumentan las obligaciones laborales, como el Plan de Igualdad, que exige un diagnóstico previo, la negociación con la representación de los trabajadores o los sindicatos y su inscripción en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON).
Auditoría retributiva
Además, debe realizarse una auditoría retributiva para verificar que el sistema salarial cumple escrupulosamente con el principio de igualdad entre mujeres y hombres, a lo que hay que añadir la obligación de reservar al menos el 2% de los puestos de trabajo para personas con una discapacidad superior al 33%, la implantación de un canal interno de denuncias, e incorporar un Plan LGTBI, que incluye un protocolo de actuación para atender los posibles casos de acoso o violencia contra las personas de este colectivo. También debe de aprobarse un protocolo de desconexión digital y constituir un comité de empresa, entre otras obligaciones.
Las sanciones por incumplir estas normativas pueden superar en los casos más graves el millón de euros. Asimismo, las empresas se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden comprometer seriamente su viabilidad, según destacan los expertos, quienes recuerdan que muchos convenios colectivos agravan las obligaciones a partir de 50 empleados y que la Inspección de Trabajo intensifica su control una vez superado ese umbral de plantilla. Les recuerdo que desde el año 2015 hasta la actualidad, Castilla y León perdió más de 600 empresas por los cambios de domicilio social, muchas veces motivados para reducir la presión de las inspecciones fiscales y laborales pues en otros territorios pasan más desapercibidas al contar con mayor número de compañías y más grandes.
Avalancha de normativas
Con la amenaza de esta avalancha de normativas, el empresario se lo piensa mucho antes de sobrepasar el medio centenar de trabajadores o, como he visto en varios casos, decide fundar nuevas sociedades mercantiles para abordar su crecimiento sin que ninguna llegue a superar la fatídica cifra.
La consecuencia más grave de la maldición del empleado 50, tal como ha denunciado la patronal, es que jibariza los negocios, con lo que se debilita nuestra economía pues la productividad es más baja, se reducen las exportaciones, la recaudación fiscal es inferior, aumenta la vulnerabilidad del tejido empresarial y se incrementa la mortalidad de los negocios.
Que una empresa, gracias al acierto de su estrategia, consiga crecer en estos mercados convulsos hasta superar una plantilla de 50 empleados tiene como recompensa más cargas legales, mayor burocracia, incremento de costes, más inspecciones y aumento de la complejidad organizativa. Y algunos aún se preguntan por qué España es un país de pymes.
