Hace algo más de un año, un prestigioso empresario de Burgos me comentó que no podía poner en marcha otra factoría porque no tenía garantizado el suministro eléctrico para las nuevas instalaciones. Pensé entonces que era un problema puntual del polígono, algo anecdótico. Pues no, ya en marzo de 2024 la Junta de Castilla y León remitió a Red Eléctrica de España un listado con decenas de proyectos empresariales para implantarse en nuestra comunidad autónoma con una inversión comprometida por más de 15.000 millones de euros y que siguen a la espera del desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte energético.
La situación es dramática en una comunidad autónoma como la nuestra, que lucha por mantener su desarrollo económico y evitar la endémica despoblación, cuando además se da la paradoja de que producimos el doble de energía de la que consumimos. De hecho, Castilla y León es la región líder en España tanto en potencia instalada en energías renovables, eólica e hidráulica, como en la cantidad de energía limpia vertida a la red eléctrica. En la actualidad, el mix energético de nuestra región permitió que en 2024 el 92,8% del total de la generación eléctrica fuera renovable, cuando en Europa solamente Noruega registra un porcentaje mayor que el de Castilla y León. Pero ese liderazgo no nos sirve para ser más competitivos en costes energéticos ni para captar proyectos industriales.
Nefasta planificación energética
Las consecuencias de esta nefasta planificación energética son obvias, como pérdida de competitividad, deslocalización de proyectos empresariales, imposibilidad de atraer capital extranjero para la implantación de factorías o el desvío de inversiones de las propias energéticas españolas a otros países con marcos regulatorios más estables, predecibles y atractivos.
Otro agravante es que el 84% de la generación renovable en España se produce en zonas rurales, que concentran buena parte del potencial del desarrollo energético del país. Esos mismos territorios que sufren el drama de la despoblación, y cuyos recursos energéticos generan riqueza en las áreas urbanitas, no pueden atraer empresas porque no tienen garantizado el suministro.
Según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a las principales distribuidoras de España, ya están saturados el 85% de los nudos de conexión de la red de distribución de electricidad en Castilla y León, es decir, el sistema de distribución “está al límite”, según su propia expresión, con casos alarmantes como Burgos, con un 100% de los enganches saturados. Imposible enchufar ni una lámpara más.
¿Y cómo hemos llegado a esta dramática situación? Pues según el sector, por mantenerse el mismo nivel de inversiones en la red eléctrica durante los últimos casi 20 años, cuando existe un mayor consumo y las peticiones para conectarse a la red se han multiplicado por 10 en los últimos 3 años. De hecho, en 2024 las distribuidoras sólo pudieron atender un 10% de las solicitudes por falta de capacidad.
Promover la inversión
Por eso, la citada asociación reclama reformar la regulación para promover la inversión en distribución, como eliminar el tope de inversión actual limitado al 0,13 % del PIB; y facilitar el desarrollo de la red mediante un nuevo sistema de retribución de la actividad para fomentar e incentivar la inversión en el siguiente período regulatorio 2026-2030.
A finales del pasado mes de septiembre, el Gobierno de España comunicó a la Junta de Castilla y León su plan para reforzar más de 1.000 kilómetros de líneas eléctricas en nuestro territorio y actuaciones sobre más de 40 subestaciones, entre otras medidas, pero si tenemos en cuenta que estos proyectos necesitan para ejecutarse un plazo de alrededor de cinco años debido a trámites burocráticos y permisos, la solución llega tarde, por lo que se retrasa la consecución de los objetivos de descarbonización y se genera un impacto negativo en nuestra economía. Como resalta Aelec, sin al menos duplicar las inversiones en redes, se pone en riesgo la transición energética y se pierde competitividad frente a otros países. La pregunta es obvia: ¿de qué le sirve a Castilla y León ser una potencia energética si no puede captar más proyectos industriales al no tener asegurado mayor suministro eléctrico?
Tal vez no tardemos mucho en ver una guerra entre las Comunidades Autónomas exigiendo que la generación eléctrica de sus territorios se quede en sus territorios, y con esto se capten inversiones para nuevos proyectos industriales.
Tal vez no pueda continuar sacrificándose más la España Rural para beneficio de la España Urbana.
Al menos podría estudiarse la posibilidad para que los costes energéticos sean más bajos en los territorios donde se produce la energía, mucho más teniendo en cuenta que las instalaciones de generación siempre han perjudicado a los territorios donde están instaladas.