La Junta aprobó este jueves el proyecto de Ley que permitirá el ahorro de algo más de 2,5 millones de euros a partir de las novedades introducidas en materia de organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas. Con esta iniciativa, el Gobierno autonómico cumple 1 de los compromisos adquiridos por el presidente en el último Debate de Política General y con el acuerdo en materia de instituciones propias suscrito entre la Administración regional, el PP y el PSOE de Castilla y León.
Las cambios garantizan el mantenimiento de la autonomía en el desempeño de sus funciones y la ampliación de éstas, la unificación de aspectos administrativos en aras de una mayor eficiencia y, como consecuencia de todo ello, un ahorro presupuestario, que supone cerca del 20% del coste total presupuestado para las instituciones propias y que para 2013 será de 12.200.126 euros.
Sugerencias
En el período de elaboración del proyecto de ley, las instituciones han tenido oportunidad de trasladar sus sugerencias a la Consejería de la Presidencia, así como se ha publicado en el espacio de participación, ubicado en el Portal de Gobierno Abierto de la página web de la Junta para que todos los ciudadanos hicieran sus aportaciones.
A través de esta medida se crea en las Cortes una secretaría general de apoyo a las instituciones propias, bajo la dependencia de su Presidencia, que será competente en el nombramiento del titular de la secretaría. Desempeñará, según el proyecto de ley, las funciones de gestión de material necesarias para el funcionamiento ordinario de las 4 instituciones en materia de personal, régimen interior, contratación, gestión económica y presupuestaria, asesoramiento jurídico, intervención, fiscalización y contabilización.
Contratación
Será la Presidencia de las Cortes el órgano de contratación para los contratos comunes a 2 o más instituciones; los de presupuesto igual o superior a 2 millones de euros; o la contratación de estudios o trabajos técnicos.
El proyecto de ley también recoge aspectos referentes a la reducción del plazo de emisión de los informes, de 30 a 20 días, tanto para el Consejo Económico y Social como el Consejo Consultivo. Igualmente es reseñable que de los 6 miembros del CES -que actualmente nombra la Junta- el Gobierno autonómico pasará a designar sólo 4 y los 2 restantes serán nombrados por las Cortes.
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