Emiliano Alonso Ortiz, presidente de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC), considera que el suyo es el sector más golpeado por la crisis y los ajustes “y nadie, ni patronal, ni sindicatos, ni trabajadores, han organizado una sola movilización. El segmento está prácticamente muerto, no tiene fuerzas siquiera para echarse a la calle”. Alonso argumenta esta afirmación con datos: el 46% de los procesos concursales en España corresponde a empresas de esta actividad, la pérdida de empleo supera el 60% -en Castilla y León se ha pasado de 140.000 trabajadores a menos de 50.000-, la inversión para 2013 se ha reducido en un 90% y en España la construcción ha pasado de tener un peso del 14% en el PIB a representar apenas el 4% en la actualidad.
Además, la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, tanto a empresas como a particulares, se ha reducido a una quinta parte. Con todo, aclara que la situación de Castilla y León “no es de las peores”. Como agravante de esas cifras, el representante de los constructores castellanos y leoneses advierte de que la Administración “va a abocar a la desaparición de la clase media del sector, es decir, las pymes”. Eso se debe, explica, a que hasta ahora existe un sistema de clasificación, de tal forma que en función de la facturación de la empresa y del número de obras que ejecuta poseía una letra dentro de un escalafón: a mayor cifra de negocio y trabajos realizados en el plazo de 3 años, mayor valor de la letra de esa empresa para presentar en concursos y adjudicaciones.
Clasificación
Alonso asegura que con este sistema, al no poder acometer obras por falta de inversión, las empresas perderán la clasificación que tanto trabajo les ha costado conseguir y cuando se normalice el sector en un futuro no tendrán clasificación para poder competir y, con ello, “las únicas beneficiadas serán las grandes constructoras de nuestro país, mientras que no conviene olvidar que las pymes son responsables del 90% del empleo”. Por ello, pide “sensatez y que se modifique ese sistema de clasificación para ampliar el período de recurrencia a diez años y que una empresa pueda incluir en esa clasificación certificados de obra de la última década para mantener el nivel alcanzado”.
Para reactivar el sector, Alonso insiste en la fórmula de la colaboración público-privada, “que no genera déficit ni endeudamiento” y para lo cual “es indispensable que las entidades financieras echen una mano”, algo que si no ocurre por propia iniciativa de los bancos, “la Administración tendría que obligarles a participar en este sistema, en el que llevamos mucho retraso y que permitiría generar empleo y con ello confianza y tirar del consumo”.
Propuestas
Entre las posibles fórmulas para intentar reflotar la actividad del sector y generar puestos de trabajo, CCLC y la Cámara de Contratistas de Castilla y León presionan a la Administración para intentar aprovechar los nichos de creación de empleo. “Aún hay dinero del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que se puede traer a España para financiar infraestructuras en los ámbitos hidráulico y medioambiental”, matiza Alonso. Se trata de ayudas a fondo perdido de un 70% del importe de la actuación.
“El problema es que ni siquiera podemos aportar el 30% restante”, añade, al tiempo que asegura que desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León se ha propuesto la búsqueda de fondos de inversión que traigan ese dinero, como de hecho ya intentó Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, en un reciente viaje a EE UU. Para conseguir atraer esos fondos de inversión es clave que los proyectos sean “viables y fiables, con retorno y con pago por utilización de esas infraestructuras”, postula el representante de los constructores de nuestra región.
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