La caducidad o ausencia de planes de igualdad está dejando en el aire contratos públicos por importes millonarios y comprometiendo la actividad de grandes compañías y pymes. De las 32.000 empresas obligadas a disponer de plan de igualdad en España, alrededor de 12.000 no cumplen; además, el endurecimiento normativo desde 2022 impide contratar con la Administración a quienes no tengan el plan vigente e inscrito. La situación ya ha afectado a licitaciones críticas y ha salpicado a firmas del Ibex con planes próximos a vencer.
El origen del problema está en la confluencia de 2 marcos: la obligación de contar con plan de igualdad para empresas de más de 50 personas y la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, que desde marzo de 2022 veta el acceso a concursos si el plan no está en regla. El impacto se ha visto en concursos de referencia, con casos en los que impugnaciones por defectos formales han tumbado adjudicaciones y forzado a dejar lotes desiertos.
En las últimas semanas, distintas licitaciones han sido impugnadas o excluidas por esta causa. Por ejemplo, en el contrato de ciberseguridad de la Administración General del Estado (CORA III), una UTE rival fue descalificada por la falta de plan de igualdad inscrito de uno de sus socios.
“No es un trámite. Un plan de igualdad vigente, medible y registrado es hoy un requisito de elegibilidad en el sector público y una señal de gobierno corporativo para el sector privado”, señalan desde Diversitas Group, firma especializada en igualdad, diversidad e inclusión que acompaña a empresas en el diseño, registro y despliegue de sus planes.
Diagnóstico retributivo
Las obligaciones abarcan diagnóstico retributivo y de brechas, auditoría salarial, medidas de conciliación y corresponsabilidad, protocolos frente al acoso, objetivos e indicadores de seguimiento, negociación con la RLT, registro oficial y vigencia (renovación periódica). La casuística reciente revela 3 fallos recurrentes: planes vencidos, planes sin inscripción e incongruencias entre lo registrado y lo exigido en pliegos. Cualquiera de estos errores puede activar la exclusión automática en una licitación.
El resultado es un riesgo doble. Por un lado, las empresas pierden acceso a un mercado público estimado en más de 113.000 millones de euros; por otro, la propia Administración se ve obligada a declarar desiertos lotes esenciales, con el consiguiente retraso en la ejecución de servicios críticos.
Propuesta
Para afrontar este escenario, Diversitas Group refuerza su propuesta con un paquete integral orientado a cumplimiento, impacto y elegibilidad en concursos como Diagnóstico 360º (brecha salarial, presencia por niveles, procesos de selección y promoción, clima e indicadores), Plan de Igualdad ready-to-tender (diseño de medidas, calendario, KPIs y sistema de evaluación, con alineamiento a pliegos tipo y acompañamiento en la inscripción registral, Auditoría de elegibilidad previa a licitar (vigencia, alcance, evidencias, anexos, subsanación), Formación a mandos y RLT, y sistemas de reporting para revisiones anuales.
“Las compañías necesitan seguridad jurídica y tracción interna: un plan que cumpla, se gestione y genere resultados medibles. Nuestro enfoque une técnica normativa y gestión del cambio para evitar exclusiones y convertir la igualdad en una ventaja competitiva”, añaden los responsables de Diversitas Group.
A la vista del incremento de impugnaciones y exclusiones por planes caducados o no inscritos, Diversitas Group recomienda a las empresas verificar la vigencia real del plan y su inscripción, actualizar diagnóstico y medidas ante cambios organizativos o normativos, alinear documentación con requisitos de los pliegos y acreditar seguimiento con indicadores y evidencias auditables.
El incumplimiento, además de limitar el acceso a concursos, erosiona la reputación de la compañía y puede conllevar sanciones. La experiencia reciente en licitaciones tecnológicas y de telecomunicaciones —con exclusiones por planes expirados o no inscritos en filiales que aportaban solvencia— evidencia que el escrutinio será cada vez más estricto. “El coste de no llegar a tiempo ya no es teórico: son contratos perdidos y oportunidades bloqueadas”, concluyen.
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