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La eclosión de la economía social en Castilla y León

Puesta de largo de ASECYL, entidad que agrupa a 7 organizaciones con 2.517 empresas y 12.433 trabajadores
Pablo Sánchez, presidente de ASECYL

“El movimiento de la economía social es imparable”. Así de rotundo se expresa Pablo Sánchez, presidente de la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (ASECYL), constituida en julio de 2023, pero cuya puesta de largo se produjo el pasado mes de febrero, y que integra a 7 entidades: Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León (FEACEM CYL) con sede en Valladolid; la Organización de Sociedades Laborales y Empresas Participadas de Castilla y León (AEMTA), con sede en Valladolid; la Unión de Cooperativas de Trabajo de Salamanca (OWEN) con sede en Salamanca; la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid (UCTAVA) con sede en Valladolid; la Unión de Cooperativas de Trabajo de León (ULECOOP) con sede en León; la Asociación para el Fomento en Castilla y León de las Empresas de Inserción (FECLEI), con sede en Burgos; y la Asociación de Empresas de Economía Social (ADESOCIAL) con sede en Salamanca. Éstas, a su vez, agrupan a 2.517 empresas con más de 12.400 trabajadores, repartidos entre cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Sánchez hace hincapié en ese período de bonanza de la economía social, cuya actividad genera en torno al 8% del PIB castellano y leonés, y esgrime varios motivos. “El contexto europeo es muy favorable y se apuesta por este tipo de empresas”. De hecho, el 10% del PIB de la Unión Europea lo generan empresas de economía social. Además, existe una plataforma, Social Economy Europe, que promueve este tipo de fórmulas empresariales.

PERTE de Economía Social

También en España cuenta con el respaldo de las administraciones. Buena prueba de ello es que el Ministerio de Trabajo incorporase como apellido hace algunos años el término Economía Social, y que dispone de una Secretaría de Estado y un Alto Comisionado en esta materia, además de ayudas como el PERTE de Economía Social y de los Cuidados, dotado con más de 1.000 millones de euros. Desde el ámbito universitario también se potencia el conocimiento de la economía social.

Respecto a Castilla y León, fue una de las primeras regiones en constituir una Dirección General de Economía Social, ha impulsado el I Plan Estratégico para la Economía Social y se ha diseñado un Plan Estratégico 2023-25 en esta materia, además de una Cátedra de Economía Social en la Universidad de Valladolid que está dando sus primeros pasos.

Otra de sus fortalezas, como explica Sánchez, es que tras las crisis de 2010 y 2020 “se ha comprobado que las empresas de economía social se erigen en fórmulas que soportan mejor los períodos de crisis y sobreviven en este contexto, además de que no se deslocalizan y permiten la permanencia de la población por su vínculo y arraigo a los territorios donde se asientan”, aspecto clave especialmente en regiones como Castilla y León y su endémico problema de envejecimiento y despoblación. Así lo pone de relieve Sánchez: “la única forma de mantener población en Castilla y León es mediante fórmulas empresariales no habituales en el mercado. Es ahí donde entra la necesidad de potenciar las actividades vinculadas a la economía social”.

La gran desconocida

Quizá, a estas alturas del artículo, haya quien se pregunte qué es exactamente la economía social. No en vano, el presidente de ASECYL habla de “desconocimiento, tanto de las administraciones, en muchas ocasiones, como de la propia sociedad”, y expone un caso práctico: “cuando un emprendedor quiere poner en marcha un negocio y se dirige a los canales correspondientes, habitualmente se le plantean fórmulas mercantiles al uso, o bien la figura de autónomo, pero no se ponen sobre la mesa alternativas como las cooperativas de trabajo o las sociedades laborales, por ejemplo, que además son más estables, pienso que por desconocimiento”.

Sánchez alude a la definición de economía social: “somos empresas que generamos actividad económica y empleo, pero donde las personas se anteponen al capital y los resultados obtenidos se aplican al fin social objeto de la entidad. En la economía social nadie es más que nadie, existe un principio de equidad. Y su principio básico, como el de cualquier empresa, es que sean económicamente viables, aunque en ocasiones y dependiendo de la fórmula, sean entidades sin ánimo de lucro, aunque también sin ánimo de pérdida”.

El presidente de la agrupación lo ejemplifica con la metáfora de una trainera donde todos sus ocupantes reman con un objetivo común y quieren llegar primero para obtener beneficios. “Si uno deja de remar, el resto se lo recrimina, porque son los remeros, los propios socios en el caso de una empresa de economía social, los que deben remar para ganar y que todo funcione”.

Movimiento de base

ASECYL surge de un “movimiento de base, desde abajo, que parte de la sociedad civil, para intentar generar una mayor visibilidad de la economía social y un valor añadido. Quiero enfatizar que las puertas están abiertas para dar cabida a otras organizaciones de la economía social que se quieran sumar a esta iniciativa, como el caso de Urcacyl, con la que mantenemos conversaciones”, afirma el presidente de la asociación. El papel de ASECYL es establecer relaciones para visibilizar la economía social, mediante la formación, la sensibilización y la información; de hecho, se ha presentado un proyecto a un PERTE del Ministerio de Trabajo y Economía Social dotado con 80 millones para obtener recursos con los que realizar campañas de comunicación y otras actividades, resume Sánchez.

Respecto a la posición de España en el ámbito europeo dentro de la economía social, el presidente de ASECYL menciona a Francia e Italia, con fuerte tradición y desarrollo de estas fórmulas empresariales; y en el extremo opuesto, a países del Este como Bulgaria o Rumanía. “España se sitúa en un punto intermedio, pero cada vez más cerca de la cabecera, en buena medida gracia a la actividad de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES)”, remarca, al tiempo que alude a la nueva Ley de Economía Social, que debe entrar en vigor en nuestro país a lo largo de 2024, “algo necesario porque está muy desactualizada”.

Más información en el número de abril de la revista Castilla y León Económica

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