“Alcanzar los 50 empleados supone un salto cualitativo en la gestión interna y un cambio drástico en las obligaciones a observar en materia laboral”, explica Alejandro Duque, abogado de Derecho Laboral en RSM Spain. Conocido como la maldición del empleado 50, este umbral obliga a las empresas a implantar medidas que, según Duque, “pueden resultar especialmente gravosas para pymes sin estructura interna sólida ni representación sindical”.
Entre las obligaciones que se activan, Duque destaca el Plan de Igualdad, que exige un “diagnóstico previo, la negociación con la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, los sindicatos, y su registro en el Regcon”. Además, incluye la auditoría retributiva para verificar que el sistema salarial “cumple efectivamente con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.
Discapacidad y protocolo LGTBI
A esto se suma la obligación de reservar al menos el 2% de los puestos para personas con discapacidad superior al 33%, y la implantación de un canal interno de denuncias. “Este canal implica políticas de cumplimiento, sistemas de recepción seguros y medidas de protección al informante”, precisa. Por último, el protocolo LGTBI “obliga a disponer de medidas específicas frente al acoso y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género”.
Según datos oficiales, las sanciones por incumplir estas obligaciones pueden alcanzar, en los casos más graves, los 225.000 euros, e incluso superar el millón de euros en caso de no implementarse el canal interno de denuncias. “El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único”, advierte Duque. “Las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden comprometer seriamente su viabilidad”.
Auditoría interna y asesoramiento especializado
En cualquier caso, Duque recomienda no confiarse y planificar con antelación. “Una empresa que se acerque a los 50 empleados debería realizar una auditoría interna para identificar las obligaciones que se activarían, y valorar si está preparada para afrontarlas tanto a nivel jurídico como organizativo”, señala. “Contar con asesoramiento especializado es clave para evitar sanciones y proteger la reputación”.
Más allá de las sanciones, el abogado recuerda que la Inspección de Trabajo intensifica su control a partir de este umbral y que muchos convenios colectivos agravan las obligaciones a partir de 50 empleados. “Esta situación lleva a muchas empresas a frenar nuevas contrataciones para no superar el umbral, contribuyendo al reducido tamaño medio de las compañías en España, estancando su crecimiento”, subraya el experto.
Castilla y León Económica
Qué cantidad de zancadillas.
Luego vendrá el PP y lo dejará todo como está.
Desesperante. Solamente nos queda el exilio.