El compromiso social de las empresas de Castilla y León

La Consejería de Empleo reconoce con sus premios la labor del tejido empresarial en materia de inserción de colectivos en riesgo de exclusión y prevención laboral
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo.
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo.

Las empresas de Castilla y León están cada vez más comprometidas con el entorno en el que desarrollan su actividad. Ejemplo de ello son los ganadores de los Premios al Cooperativismo y la Economía Social que concede la Consejería de Empleo, que en su última edición han recaído en Consorcio de Promoción del Ovino de Zamora, que tiene un importante compromiso con la creación de empleo indefinido y el desarrollo económico sostenible en el medio rural; Energética Sociedad Cooperativa de Valladolid, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la comercialización y producción de energía eléctrica 100% renovable; Embico Burgos, una empresa de inserción laboral promovida por Cáritas que ha permitido la incorporación al mercado de trabajo de 30 personas en riesgo de exclusión social; y al vallisoletano Lorenzo González Torres, por su trayectoria de más de 40 años en Asprona Valladolid y la Fundación Personas.

Estos galardones se crearon para reconocer los esfuerzos de personas y entidades para contribuir al desarrollo, difusión y fomento de la economía social y el cooperativismo, así como la gestión llevada a cabo por las empresas del sector conocido como economía social, que en Castilla y León cuenta con 4.000 compañías que emplean a 30.000 trabajadores y facturan más de 4.000 millones de euros anuales.

“Son un elemento indispensable, ya que tienen como objetivo la dignificación de las personas con mayores problemas de integración sociolaboral, previenen las situaciones de exclusión social y poseen un importante papel en la rehabilitación e incorporación de aquellos ciudadanos que han abandonado unos mínimos hábitos laborales y sociales”, indican los representantes del Gobierno regional.

Economía social

El ámbito de la economía social ha experimentado una notable evolución en la comunidad autónoma. Así, Castilla y León dispone de 2.100 cooperativas con 9.231 personas entre socios y empleados y más de 1.600 sociedades laborales con 5.180 socios trabajadores y otros 1.658 accionistas. Alrededor del 80% de los contratos en este tipo de negocios tiene carácter indefinido.

En el caso de los centros especiales de empleo, se ha pasado de los 47 que había en 1995 a los 215 que existen en la actualidad, que dan trabajo a más de 5.400 empleados con discapacidad frente a los 770 de entonces. “Las empresas de este sector comparten valores, como la preponderancia del factor humano, la igualdad y aplicación de principios democráticos en la gestión interna y el empleo natural de responsabilidad social”, aseguran.

Por otra parte, las denominadas empresas de inserción, con un total de 12 en la región que dan empleo a 216 personas, son calificadas e inscritas en el correspondiente registro cuando al menos el 30% de sus trabajadores son personas en riesgo durante los dos primeros años, y han de llegar a un mínimo del 50% de los empleados en estas circunstancias a partir del tercer año desde la calificación de la entidad como sociedad de este tipo.

Para apoyar su labor, la Junta dedicará 555.000 euros este año a promover la contratación de técnicos de acompañamiento y financiar el 50% de los costes salariales de trabajadores en riesgo de exclusión de las que se hayan puesto en marcha en 2017.

Prevención de riesgos

En esta línea, el Departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo ha puesto en valor también la apuesta del tejido empresarial de la comunidad autónoma por la prevención de riesgos laborales en sus centros de trabajo con la entrega de sus premios por las buenas prácticas en esta materia. En la última convocatoria, los vencedores fueron la industria alimentaria Mars Arévalo, la asociación El Puente Salud Mental, el técnico en prevención de riesgos laborales Juan Manuel Paredes Palomo y el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca.

Este capítulo es uno de los principales ejes de trabajo de la Consejería de Empleo, que ha destinado más de 11 millones de euros a seguridad y salud laboral desde la entrada en vigor del V Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2016-20, de los que cerca de 6 millones se consignan este año a distintas actuaciones, como visitas a centros de trabajo, formación y sensibilización de empleados y empresarios, becas de investigación y desarrollos de proyectos universitarios y ayudas para la renovación del equipamiento industrial de seguridad en compañías de Castilla y León. “Algunos estudios indican que por cada euro que se invierte en este ámbito hay una rentabilidad de 2,2 euros, y que la relación entre coste y beneficio al mejorar este aspecto es positiva”, destacan los responsables de este Departamento.

Formación

Así, en los 3 años que lleva en marcha esta estrategia se han subvencionado 284 solicitudes por 1,87 millones para la adquisición o renovación de máquinas y equipos de seguridad de cara a certificar sistemas de gestión en este campo y planes de movilidad de las empresas. Además, se ha dedicado más de medio millón de euros en  ayudas para desarrollar acciones de formación para más de 2.352 trabajadores, agentes de prevención y autónomos de Castilla y León; a lo que se suma que los técnicos de las 9 oficinas territoriales de Trabajo han realizado otras 356 actividades de este tipo a las que han asistido más de 12.000 empleados, estudiantes, representantes en la empresa de seguridad y salud laboral y trabajadores por cuenta propia. La Consejería que encabeza Carlos Fernández Carriedo ha efectuado también más de 17.500 visitas de asesoramiento.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2016-20 persigue 2 objetivos prioritarios, como son reducir la siniestralidad y conseguir la máxima coordinación en las diferentes acciones y programas en este ámbito. Este convenio, consensuado en el ámbito del Diálogo Social, se basa en lograr cero accidentes con la máxima colaboración, fomentar la cultura preventiva y la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la prevención como distintivo de excelencia y calidad y la eficacia y eficiencia en esta materia, así como una gestión del envejecimiento de la mano de obra, los nuevos riesgos emergentes y la prevención de enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo.

Más información en el número de septiembre de la revista Castilla y León Económica

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