El Pleno del Congreso dio luz verde definitiva este jueves a la nueva Ley de Emprendedores, que entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante algo más de 2 meses.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, subrayó que el objetivo de la ley es “dar un paso más” para superar la crisis y destacó que ahora España cuenta con nuevas herramientas para favorecer el emprendimiento. “Gracias a este empeño político por el emprendedor, España da un paso más adelante en al salida de la crisis económica, que es el gran deseo de los españoles más allá del lugar donde residen”.
Esta ley introduce el IVA de caja, además de incluir otras medidas para dar una segunda oportunidad a los empresarios, crear nuevas fórmulas de financiación, introducir bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, poner a la administración “al servicio de los pequeños y medianos empresarios” y promover la cultura del emprendimiento desde la escuela.
“El objetivo fundamental de este proyecto es el impulso de la actividad, la recuperación de la confianza y el crecimiento económico que permita salir de la terrible crisis a la que el anterior Gobierno nos condujo“, comentó Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, que se congratuló de que hoy las cosas “afortunadamente son distintas” y el “abismo del rescate” se ha alejado. “Es evidente que eso no puede movernos a la autocomplacencia, sino animarnos a seguir en la senda trazada con proyectos de ley como éste”, añadió.
Enmiendas
La Cámara Baja dio el visto bueno a las 6 modificaciones que la norma sufrió tras su paso por el Senado. El Grupo Popular pactó finalmente 3 cambios con la oposición, de tal manera que el nuevo criterio de caja establecido para el IVA a partir del próximo 1 de enero se recoja también en el marco del régimen económico fiscal de Canarias y se pueda aplicar en el Impuesto General Indirecto Canario.
Además, se modifica la Ley Concursal para rebajar del 67% al 55% el importe del pasivo titularidad de las entidades financieras suscrito por acreedores necesario para que el acuerdo de refinanciación pueda homologarse judicialmente.
El proyecto de ley también incorporó 3 propuestas del Grupo Popular en el Senado, de tal manera que se reduce de 15 a 10 millones el capital social mínimo de las sociedades de garantía recíproca (SGR), a la par que se les exige unos recursos propios computables no inferiores a 15 millones de euros, calculados de acuerdo con la definición que fije el Banco de España.
De este modo, argumenta el partido que da sustento al Gobierno, se busca “conjugar un incremento del capital social elevado con un incremento de los recursos propios computables”, de tal manera que la solvencia se calcule con una evaluación cuantitativa “global”. Tras pactar con la oposición, se amplió también de 6 a 9 meses el plazo para la entrada en vigor de esta medida a partir de la publicación en el BOE del proyecto.
Finalmente, se precisó que la exención en el pago de aranceles a cualquier operación registral que paguen las administraciones públicas o la Seguridad Social no entrará en vigor hasta que se ejecute la demarcación registral por real decreto.
Castilla y León Económica / Europa Press
