El Pleno del Congreso ha aprobado una propuesta de resolución del Debate sobre el estado de la Nación acordada por PP y PSOE para instar al Gobierno a negociar en Bruselas un retraso de hasta 5 años en el cumplimiento del objetivo de déficit del 3%, pactado inicialmente para el año 2014.
La enmienda socialista asumida por el PP viene a completar el texto inicial del Grupo Popular, en el que se limitaba a pedir al Gobierno que continúe “participando activamente” en los debates para profundizar en la unión económica y monetaria, que incluya sus pilares básicos: bancario, fiscal, económico y de rendición de cuentas y legitimidad democráticas.
Respaldo
El texto definitivo, que ha conseguido el respaldo de 305 diputados frente al voto contrario de 17, va más allá y exige al Ejecutivo que, además, refuerce su impulso para poder “alcanzar cuanto antes” una verdadera unión, con la puesta en marcha de la supervisión bancaria única a cargo del Banco Central Europeo (BCE) y el establecimiento definitivo de un pilar fiscal común.
En este contexto, también se pide al Gobierno que trabaje para articular un esquema de política económica integrada que “posibilite un retraso de hasta 5 años en el cumplimiento del objetivo del 3% para el déficit público en función de la situación económica de cada estado miembro”, así como contribuir desde el Consejo a que los objetivos y medidas que planteen tanto el Europarlamento como la Comisión Europea para mejorar los presupuestos comunitarios 2014-20 puedan ser alcanzados.
ONU
La enmienda socialista respeta por su parte la propuesta del PP de que se continúe impulsando activamente la candidatura de España a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2015-16, e incluye un tercer punto en el que exige promover la aprobación del Tratado de Comercio Exterior de Armas Convencionales en la Conferencia de Naciones prevista para marzo.
Asimismo, reclama que se consiga “un texto final que, junto a los controles y procedimientos necesarios, recoja la obligación de los estados de no autorizar, prevenir e impedir que las transferencias de armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional comunitario”.
Europa Press
