El futuro rural y de los pequeños negocios de la provincia de Valladolid pasa por la digitalización de sus autónomos. Es la principal conclusión que se extrae del informe sobre capacidad de digitalización que ATA Castilla y León ha llevado a cabo en la provincia presentado este martes por Roberto Migallón, diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León, y Elena Melgar, directora de Proyectos de ATA.
“Desde la Diputación siempre abogamos por cuidar y apoyar a los pequeños negocios de los autónomos que dan servicio y tienen su sede en las localidades más pequeñas de la provincia. Gracias a ellos los pueblos tienen vida y calidad de vida”, aseguró Migallón, quien añadió: “nuestro convenio con ATA nos ayuda a poner en valor a estos autónomos y buscar medidas objetivas que potencien estos negocios y mantengan sus actividades”.
Tras el análisis del informe Mingueza insistió en el marcado desequilibrio territorial que presenta la provincia de Valladolid, “que es un factor crítico que impacta directamente en la viabilidad del trabajo autónomo y en la lucha contra la despoblación en nuestra provincia. Nos encontramos con una realidad en la que una altísima concentración de la población reside en la capital, mientras que el resto de la provincia se compone de un tejido rural disperso, envejecido y, lamentablemente, con un bajo acceso tecnológico”.
La digitalización del entorno rural puede ser una herramienta poderosa contra la despoblación, “pero sólo si va acompañada de políticas de inclusión digital y fomento del emprendimiento autónomo”, explicó Mingueza. Las inversiones individuales en dispositivos son cada vez más asumibles por la reducción de costes en los últimos años y la estandarización de su uso. Sin embargo, “hay que atender no sólo las necesidades de infraestructuras, sino también las de competencias para evitar diferencias que hagan menos competentes a quienes emprendan en estos entornos”, señaló Melgar.
El Informe señala que la estructura poblacional en la provincia, tan desequilibrada, no sólo dificulta enormemente la prestación de servicios, incluidos los digitales, sino que también agrava los efectos de la brecha digital. Se observa cómo el envejecimiento de la población rural limita las posibilidades de una transición digital efectiva sin el apoyo específico necesario y eso repercute en las oportunidades de emprendimiento. Castilla y León ha perdido en el primer semestre del año 214 autónomos, y la provincia de Valladolid 190 autónomos, es decir, un 0,5% de sus pequeños negocios.
A esto se le suma un grave problema de competitividad para los negocios rurales. Si bien la relativa cercanía a la capital permite que los habitantes de los municipios cercanos accedan con facilidad a servicios que no encuentran en sus pueblos, y esto es una ventaja para esas localidades más próximas, al mismo tiempo, esta situación condena aún más a las zonas periféricas. “Sus negocios locales luchan en desventaja, ya que el consumidor puede encontrar soluciones en la capital en menos de una hora, lo que desincentiva la inversión y el mantenimiento de servicios en el propio rural”, dijo Mingueza.
Perfil de competencias digitales
Además de los retos en infraestructura y acceso, el estudio revela un perfil de competencias digitales que precisa de atención urgente. Los propios autónomos de la provincia perciben que poseen un bajo nivel en las habilidades digitales esenciales para el desarrollo de su trabajo. Con la única excepción del uso básico de dispositivos y herramientas, se consideran poco capacitados en la mayoría de las competencias necesarias para la gestión de sus negocios, la relación con clientes o la comercialización online. Esta brecha de competencias es una barrera adicional que frena su pleno desarrollo y competitividad en el medio rural.
Las brechas digitales son múltiples e interconectadas según se desprende del informe: afectan más a personas mayores, con bajo nivel educativo, residentes en zonas rurales, mujeres, inmigrantes y personas con discapacidad.
Castilla y León Económica
