Un grupo de empleados de la Junta de Castilla y León agrupados en la Plataforma por la Defensa de lo Público y con representación en las 9 provincias de la región denunció las “desorbitadas” restricciones del gasto impuestas al sector mientras se mantienen la “Administración B” y el “abuso” de la figura administrativa de libre designación.
Representantes de la Plataforma mantuvieron este miércoles una reunión con Javier Amoedo, Procurador del Común en Castilla y León, para presentar un escrito avalado por más de 9.000 firmas de empleados públicos de la Administración autonómica y en el que se contempla una lista con 5 denuncias y 8 peticiones que tienen como objetivo el ahorro y evitar los recortes “discriminatorios”.
Denuncias
Entre las prácticas más criticadas por la Plataforma destaca la “proliferación” de la figura administrativa de libre designación para cubrir puestos que deben ser ocupados mediante el sistema de concurso ordinario, así como los centenares puestos de asesores. “En nuestra opinión este abuso engendra prevaricación, vulneración de derechos y corrupción, al elevar a los puestos mejor retribuidos a funcionarios afines al partido”, especifica el escrito presentado este miércoles.
En segundo lugar, lamenta que, mientras recortan en servicios básicos como Sanidad y Educación bajo la “coartada” de la crisis económica, se mantiene el sector público paralelo o administración B, que en el caso de Castilla y León está integrada por más de 52 fundaciones, asociaciones u otros organismos que podrían ser gestionados por los propios funcionarios.
En tercer lugar, la Plataforma pone de manifiesto la “vulneración del derecho a concursar” a todas las plazas que no están ocupadas con destino definitivo, lo que “cercena el derecho a la promoción y movilidad de miles de empleados públicos”.
En cuarta instancia, estos representantes de los empleados públicos critican el “despilfarro” que supone el mantenimiento de locales alquilados en Castilla y León, mientras existen otros “sin uso o infrautilizados sin titularidad”.
En quinto y último lugar, destacan que la sociedad ve reducidas líneas de ayuda o subvenciones mientras la Junta continúa financiando “costosas campañas de autopropaganda”.
Peticiones
Ante todas estas denuncias, los representantes de los empleados públicos solicitaron al Procurador del Común que exija a la Consejería de Hacienda el “listado completo” de los puestos de libre designación que hay en la Junta, con las especificaciones de los que están ocupados y vacantes; el listado de los puestos de asesores y la relación “completa” de los puestos de trabajo vacantes o que no están ocupados por un funcionario o estatutario.
Asimismo, piden el listado de los entes que integran el sector público paralelo, la relación completa de los locales, edificios, dependencias y almacenes que están alquilados y la cuantía total imputable como gastos de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 en campañas de publicidad, así como la cuantía abonada en concepto de gastos o indemnizaciones de los puestos de trabajo de cada consejería desde las jefaturas de servicio hasta los consejeros y el presidente.
También solicitan los programas y aplicaciones informáticas que tiene contratadas, la Junta así como el número de ciudadanos que “van a verse privados” de la tarjeta sanitaria como consecuencia de la reciente reforma.
Europa Press / Castilla y León Económica
