El Consejo de Gobierno ha convalidado el Acuerdo de la Junta de Castilla y León, de 14 de octubre de 2025, por el que se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026, que incorpora el proyecto de presupuesto de la Sección 20 correspondiente a las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad Autónoma, aprobado el pasado 23 de octubre por la Mesa de las Cortes.
Este acuerdo se registrará este martes para su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el último Pleno de las Cortes del límite de gasto no financiero para 2026 que alcanza los 14.183 millones de euros, el más alto de la historia.
El mayor Presupuesto de la historia
Las cuentas de Castilla y León, que se sitúan en los 15.715 millones de euros para 2026, tienen como objetivo “impulsar la excelencia de los servicios, la protección de las familias y las personas, la creación de empleo y el compromiso con el mundo rural”.
Se trata del mayor Presupuesto presentado nunca, que apuesta por duplicar las ayudas por hijo pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil. Asimismo, incluye 10 millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la comunidad autónoma. Junto a esto, aumenta más del 80%, hasta los 300 millones de euros, las partidas destinadas a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.
Baja fiscalidad
Del mismo modo, prevé “la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos”. Beneficiará a 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.
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