La futura Ley Agraria de Castilla y León regulará el sector agroalimentario regional

Los líderes de la UE recortan un 13% las ayudas agrícolas en los próximos presupuestos de la UE
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La Consejería de Agricultura y Ganadería presentó este jueves al Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León, que ha elaborado y que nace con el objetivo de establecer un marco básico de la actividad del sector agroalimentario ante las diferentes leyes que existen y afectan a esta industria.

Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha asegurado que se trata de un proyecto de ley “muy ambicioso” y que pretende dar respuesta a las necesidades del sector, también de cara al futuro, así como adaptarse a las demandas de la Política Agraria Común (PAC) y a otras realidades.

Recortes

La Política Agraria Común (PAC) perderá en el próximo ejercicio un 13,12% de sus fondos con respecto al período anterior, según la propuesta final de los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pactado tras una maratoniana negociación en Bruselas.

Los líderes europeos asignan una partida de 362.940 millones de euros para el conjunto de la PAC, lo que supone 54.800 millones menos que el gasto agrícola comunitario en el periodo 2007-2013.

Las ayudas directas a los productores y las medidas de mercado que forman el primer pilar de la PAC recogen la mayor parte de estos fondos, 277.850 millones de euros, es decir, que esta partida sufre una rebaja del 13,71% o 44.150 millones menos que en el periodo anterior. Por su parte, los programas de desarrollo rural, el segundo pilar, pierden un 11,12% de los apoyos, dejarán de recibir 10.650 millones de euros y contará en total con un sobre de 85.090 millones de euros.

Presupuesto

En el ejercicio presupuestario, 2007-2013, la PAC contó con un presupuesto total de 417.740 millones de euros, de los que 322.000 millones fueron para el primer pilar y los 95.740 restantes, para desarrollo rural.

Los gobiernos europeos, además, introducen un factor de flexibilidad que permitirá a cada Estado miembro decidir si transfiere un 15 % de las ayudas de un pilar al otro, con el añadido de que los países con menores recursos podrán destinar un 10 % adicional de desarrollo rural a ayudas directas.

Castilla y León Económica/ Europa Press

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