La Junta ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en el que, entre otros factores, se plantea que el cálculo del traspaso de las competencias municipales a las comunidades autónomas se realice por coste efectivo y no por coste estándar, lo que supondría en una primera valoración entre 700 millones y 1.000 millones de euros a las arcas autonómicas de la región.
José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia, explicó que el documento también recoge la necesidad de que la normativa estatal incluya una disposición adicional en la que se tengan en cuenta las peculiaridades y características territoriales y sociodemográficas de laregión.
Se trata de un documento de 30 páginas “muy amplio” y “crítico”, que parte de la base de que la reforma que ha emprendido el Ejecutivo regional “es necesaria” desde el principio rector que debe presidir todas las actuaciones de las administraciones como es el de “estabilidad presupuestaria”.
Desacuerdo
Tras esta consideración, De Santiago-Juárez explicó los puntos que han llevado a la Junta ha mostrarse en “desacuerdo” con el anteproyecto de ley desde la premisa de que el informe “no se ha elaborado contra nadie” sino “pensando en los ciudadanos de Castilla y León” y, más en concreto, en “aquellos que viven en el medio rural” y en la “mejor forma” de prestar servicios de calidad a los ciudadanos.
No obstante, De Santiago-Juárez reiteró que la propuesta de reforma de la administración local “es poco sensible con las peculiaridades del mundo local de Castilla y León”, al tiempo que ha asegurado que la Castilla y León es “la más afectada” por las modificaciones introducidas por el Ejecutivo central dadas sus características de territorio y población.
El portavoz de la Junta destacó que Castilla y León “defiende” y propone a través de sus aportaciones el modelo de ordenación territorial presentado por la Junta y cuyo anteproyecto ya está sometido a la evaluación del Consejo Consultivo tras un informe del CES en el que se aconsejaba que se “paralizase” hasta que se aprobara la normativa estatal. Un documento que ha sido “valorado y tenido en cuenta” por la Junta que ha decidido no paralizar su tramitación porque “cuanto antes se apruebe mejor. “Es curioso que una institución de autogobierno sugiera que esperemos a ver que hace el Gobierno central”, comentó.
Competecias
En el informe de la Junta se aclara la situación de las competencias “propias” que ahora ejercen los entes locales en materias como la educativa, sanitaria y servicios sociales y que tendría que ser asumidas por la comunidades autónomas. Así, De Santiago-Juárez señaló que en ningún caso esas competencias son “impropias”, ya que están reguladas por las referentes leyes de bases y sectoriales.
“Esto se debe aclarar en el anteproyecto”, manifestó, tras lo que aclaró que la Junta no se opone a la transferencia de esas competencias siempre que sea “adecuadamente valorado” a través de la valoración del coste efectivo en el que se tiene en cuenta la extensión, baja densidad y envejecimiento y no por coste estándar mediante el que sólo se evalúa la población y es el que “más perjudica” a la región.
Así, el portavoz de la Junta señaló que en el momento actual y en una primera aproximación el coste de asumir estos servicios por la Junta estaría entre los 700 millones y los 1.000 millones de euros. En este punto, el portavoz de la Junta explicó que si los municipios dejan de prestar estas competencias deberán traspasar el dinero que dedican para que sean asumidas por la comunidad autónomas a través con la base del coste efectivo.
Castilla y León Económica / Europa Press
