La Cámara de Contratistas de Castilla y León presentó recientemente los datos de licitación pública de 2024 y sus previsiones para el ejercicio 2025. Enrique Pascual, su presidente, alertó sobre la distancia entre las cifras prometidas y las realmente ejecutadas, lo que compromete el futuro del sector de la obra pública.
Los datos de 2024 reflejan una ligera caída del 2,2% respecto al año anterior. En total, se licitaron 2.367 millones de euros, frente a los 2.419 millones de 2023. Las cifras confirman la tendencia de estancamiento del sector, con niveles aún muy por debajo de los registrados en 2008, 2009 o 2010.
“Estamos lejos de los volúmenes que se alcanzaban antes de la crisis. La falta de inversión sostenida penaliza el desarrollo económico de Castilla y León”, advirtió Enrique Pascual, presidente de la Cámara. Mientras que las administraciones central y autonómica han mantenido un volumen similar o ligeramente superior al del año anterior, la local ha reducido su inversión un 14,5%, lo que ha arrastrado el dato global a la baja. Además, sólo la Administración central ha cumplido con sus previsiones de licitación. Tanto la Junta como las entidades locales se han quedado en torno al 64% de cumplimiento.
Presupuestos para 2025
Se prevé que para 2025 la inversión sea de 2.283 millones de euros, aunque según las estimaciones de la Cámara de Contratistas de Castilla y León las cifras de licitaciones alcanzarán los 2.118 millones de euros. Más aún, si se tienen en cuenta las bajas habituales en los procesos de licitación, la inversión efectiva final podría quedar reducida a 1.644 millones de euros.
El sector de la construcción continúa enfrentando serios desafíos con la creciente disparidad entre la inversión prevista y la realidad de la licitación. Las obras desiertas se están convirtiendo en una preocupación constante, especialmente en el ámbito de la administración local. Se estima que el índice de cumplimiento en la licitación podría caer a un 72% en los próximos meses.
“Lo ideal sería que las 3 curvas, la prevista, la adjudicada y la licitada, estuvieran lo más parejas posible. Cuando hay una gran diferencia entre lo prometido y lo realmente adjudicado, las empresas se ven obligadas a cerrar, lo que afecta gravemente tanto a la industria como al empleo”, explicó Pascual.
El impacto en las empresas y el empleo
Las empresas de la construcción, especialmente las pequeñas y medianas, se ven particularmente afectadas por esta falta de estabilidad en las licitaciones. En 2024, se estiman 9.139 empresas activas en el sector, frente a las 14.812 empresas registradas en 2009. En términos de empleo, la población activa en el sector es de alrededor de 72.000 personas en 2024, aunque con una creciente dificultad para atraer a los jóvenes a esta industria.
“La gente joven ve que en el mundo de la construcción se sufre, y buscan otras alternativas laborales. La baja rentabilidad de las pequeñas empresas está dificultando que se sigan creando oportunidades en el sector”, afirmó.
La licitación de viviendas públicas y las infraestructuras siguen siendo una prioridad para la región, pese a que los recursos disponibles son limitados. La Junta ha anunciado una inversión de 64 millones de euros para vivienda, pero con los costos actuales de construcción, sólo se podrían edificar 750 viviendas, lo que equivale a 83 viviendas por provincia.
“Hay que construir viviendas con lo que tenemos, pero los recursos son escasos”, comentó el portavoz del sector, y añadió que el problema de la escasez de viviendas seguirá siendo un reto a corto plazo, independientemente de la implementación de la construcción industrializada. Aunque este modelo puede ser una posible solución a largo plazo, no resolverá de inmediato esta situación.
Uno de los proyectos más esperados en Valladolid es la estación de Campo Grande, proyecto que se está retrasando por la falta de consenso entre el Consejo de Administración de ADIF y el Ayuntamiento de Valladolid. Sin embargo, las obras de soterramiento del tren de alta velocidad se siguen planteando. “El soterramiento del tren de alta velocidad es técnicamente posible y económicamente viable. Valladolid necesita esta obra para ser considerada una ciudad de primera división, pero debe ser planificada de manera estratégica”, subraya Pascual.
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