La Asociación de Hoteles de Castilla y León ha mantenido este martes una reunión con Ángeles Armisén, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL), en la que le ha pedido su colaboración para solicitar a los ayuntamientos de la región que valoren poner en marcha los mecanismos administrativos para exonerar o reducir impuestos como el IBI, ante la continuada falta de ingresos durante los 10 últimos meses.
La primera capital de provincia que aprobó una bonificación del 95% en el impuesto de bienes inmuebles en 2020 fue Valladolid, seguida de León con una reducción del 50% para este año. Salamanca, Ávila y Palencia, donde también se ha solicitado, siguen sin hacer nada.
Tampoco muchos otros municipios más pequeños han dado respuesta a la petición de los hoteleros. “Ponferrada (León), Burgo de Osma (Soria) o Simancas, Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero (Valladolid), entre otros, ni siquiera han respondido a la solicitud registrada por parte de los alojamientos”.
Disposiciones adicionales
En unos casos, han articulado la reducción como una subvención directa por el 100% importe del impuesto, como en Olmedo (Valladolid); en otros municipios, han aprobado disposiciones adicionales a sus normativas reguladoras para reducirlos o exonerar totalmente del pago de los mismos.
Carlos Díaz, presidente de la Asociación, opina que ante esta situación, “sin ayudas por parte de ninguna administración, para muchos empresarios va a ser imposible hacer frente a estos tributos después de casi un año sin poder trabajar, pero soportando unos costes fijos muy elevados”. La situación empieza a ser tan crítica que “las empresas que consigan llegar a finales de verano tendrán que reorganizar sus estructuras con drásticas reducciones de plantillas que llegarán al 50%, ante la falta de apoyo económico a un tejido empresarial que da empleo directo a más de 12.000 trabajadores en Castilla y León”.
La Asociación confía en que desde la FRMP se transmita a los municipios de la región la crítica situación de los alojamientos que, en muchas poblaciones y comarcas, suponen una actividad económica fundamental para la población.
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