El Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (ECOVAEstudios) ha presentado este miércoles el Observatorio Económico de la región correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, donde se ha podido concluir que la economía regional “presenta cierta solidez, aunque con crecimiento económico en disminución y unas expectativas empresariales óptimas”.
Juan Carlos De Margarida, director de ECOVAEstudios, ha resaltado que la economía de España, y nuestra región, “sigue en crecimiento, aunque con una fuerte desaceleración en el último año. Este crecimiento se sostiene gracias al incremento de las exportaciones y al mantenimiento del consumo de los hogares, ahora ya en descenso. Y todo ello a pesar de los riesgos que existen y que se están transformando en barrera casi insalvables, como son el gasto público en crecimiento exponencial, la deuda desorbitada y una financiación ilimitada gracias al respaldo del BCE”.
Problema en la disminución de gasto público
En este sentido, De Margarida ha afirmado: “el problema surge cuando hay que disminuir el gasto público que ha sustentado la inversión y el crecimiento económico hasta el momento, provocando la necesidad de tener que subir impuestos para sostener la irresponsabilidad de la gestión pública existente en la actualidad y que provocarán un impacto negativo en el crecimiento económico”.
Desde el punto de vista empresarial, las variables analizadas por ECOVAEstudios han mostrado que las pymes “tienen un cúmulo de realidad que no ayudan ni a su crecimiento ni a su mantenimiento, entre las que destacan la productivas a la baja de varios trimestres, lo que ha provocado una disminución de la rentabilidad empresarial; el aumento de los costes laborales; la subida de los tipos de interés que encarece la financiación o las reformas medioambientales que originan fuertes inversiones en el sector empresarial en unos momentos de baja rentabilidad, donde se producen más pérdidas que beneficios con un peligro claro y realista de desaparición de empresas”. No obstante, “existe un cierto respiro a esta realidad en lo que a la disminución de los costes energéticos se refiere”.
De Margarida ha proseguido señalando que en cuanto a la realidad sobre la consolidación fiscal, “las cuentas son muy difíciles de cuadrar, por lo que es probable que exista un déficit desproporcionado que puede llegar a estar descontrolado”. En este sentido, las consecuencias tendrán “una repercusión directa en el presupuesto, que se verá mermado para servicios esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales; además de una falta de sentido común y carencia de principios básicos de una economía eficiente y eficaz. Por ello, no se tiene que seguir acumulando gasto sino que hay que reducirlo de forma contundente para evitar un elevado desequilibrio que tardaría años en reajustarse”, ha afirmado el director de ECOVAEstudios.
En cuanto a las previsiones de la economía para 2024, Juan Carlos De Margarida ha vaticinado que la realidad es de una “ralentización debido a la contracción de la economía europea y a la subida de tipos de interés, principalmente. Aunque se deben tener en cuenta otros factores como son la disminución del consumo de los hogares, la lenta incursión de los fondos europeos en la economía real, la posibilidad de las tensiones geopolíticas, así como la diminución de la inversión y las exportaciones”.
Decisiones económicas
Ante estos hechos, desde ECOVAEstudios consideran que se deben tomar decisiones económicas “necesarias, las cuales pasan por eliminar, que no reducir, el gasto ineficiente; una política fiscal prudente que reduzca el gasto acorde a los ingresos; y una seriedad a la hora de tomar decisiones en materia de política económica y fiscal al objeto de transmitir seguridad y confianza tanto al ciudadano como a las empresas”.
De Margarida ha concluido señalando que son “necesarias altas dosis de sensatez, solvencia y credibilidad para dotar de confianza a familias y empresas, dejando de lado los intereses partidistas que en nada favorecen al crecimiento económico y la estabilidad social. Por lo tanto, hacen falta políticas económicas con sentido común que garanticen unos estándares de vida digna no solo a la actual sociedad, sino también a las futuras generaciones”.
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