Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, registró este viernes en las Cortes el Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para el año 2023. En su intervención ante los medios, subrayó que las Cuentas “serán aprobadas en plazo y entrarán en vigor el 1 de enero” del próximo año, algo “muy positivo” para ofrecer “estabilidad y confianza” al conjunto de las sociedad de la región y a los agentes que intervienen.
En este sentido, el consejero señaló que Castilla y León figura “entre las primeras autonomías en presentar sus cuentas” a pesar de los que pensaban que “se iba a retrasar”. Al hilo de esta afirmación, explicó que la región ofrece así “solvencia, garantías y confianza” con estos presupuestos en un “escenario económico no exento de incertidumbres”. Además, apuntó que el reto actual es aprovechar los fondos de la UE para “consolidar” el crecimiento económico, ya que, como advirtió, éstos “no van a durar siempre”.
Bajada de impuestos
No en vano afirmó que el Ejecutivo de coalición PP-Vox “ha demostrado ser capaz de hacer un buen presupuesto” y recordó que las grandes cifras de la región, “que baja impuestos, se compromete con los servicios públicos de calidad, apoya a las familias, se compromete con el mundo rural y eleva las inversiones”.
El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias cuenta en el proyecto de Presupuestos con un montante total de 307,8 millones de euros para 2023, de los que 170 lo gestionará la Consejería de Sanidad, 98 millones la de Educación y 38 millones la de Familia.
El objetivo de este Plan que se puso en marcha en 2021 y se prolongará hasta 2025 es priorizar inversiones en hospitales, centros de salud, colegios públicos, universidades, centros de personas mayores, de menores de personas con discapacidad e instalaciones juveniles.
Así, en concreto se dedicarán 170,6 millones de euros a Sanidad con una inversión de 33,1 millones en Atención Primaria, 119,8 millones para Atención Hospitalaria y 17,6 millones para actuaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación. En cuanto a la Consejería de Educación contará con 98,5 millones de euros con 77,3 millones para enseñanzas no universitarias y 21,2 para universitarias.
Por último dentro de este Plan se sitúan los 38,6 millones, en su mayoría para centros de personas mayores (30,8 millones de euros), seguido de centros de personas con discapacidad (4,3 millones), centros de menores (2,7 millones) e instalaciones juveniles (760.000 euros).
Consejería de Economía y Hacienda
La Consejería de Economía y Hacienda contará con una inversión de 80,02 millones de euros en el año 2023, casi el doble que los consignados en las cuentas de 2021, aún en vigor, cuando se destinaron 42,91 millones de euros a este apartado inversor. Esta cartera contará con un presupuesto total de 542,52 millones, un 44,67% más.
El grueso de las inversiones reales de este Departamento está asignado a la sección del Instituto de Competitividad Empresarial, con 39,43 millones de euros que en el programa de competitividad consigna 12,12 millones al parque tecnológico de Burgos, 5,52 millones al Polígono Industrial de Vicolozano, 2,69 millones a obras en el Parque Tecnológico de Boecillo y 1,88 millones al Parque de Proveedores de Valladolid.
Destacan dentro del ICE 4,72 millones de euros para cuatro proyectos de creación de empresas, 2,24 millones de euros para internacionalización empresarial y 1,24 millones para climatización de un edificio en el parque tecnológico de Boecillo.
Servicio Público de Empleo
El Servicio Público de Empleo tiene consignados un total de 17,75 millones de euros de los 22,76 millones de euros de los que dispondrá la Consejería de Industria, Consumo y Empleo que dirige Mariano Veganzones para inversiones reales.
Entre las partidas inversoras destacan los 4,64 millones de euros destinadas a la modernización del Ecyl; 3,32 millones de euros para la mejora del Servicio Público de Empleo; 1,55 millones de euros para la renovación de las instalaciones de las oficinas de empleo y 900.000 euros del mecanismo de resiliencia y recuperación para la creación de centros.
Igualmente, dentro de la formación ocupacional destacan los 620.000 euros destinos al Plan de Trabajo 2021; 80.000 euros para la asistencia técnica a inmigrantes; 83.000 euros para estudios y trabajos técnicos y otros 36316 euros para la detección de las necesidades formativas, además de los 5,2 millones para los prospectores de empleo.
Por su parte, la Consejería de la Presidencia contempla inversiones por valor 14,43 millones de euros en 2023, casi el triple respecto a los 5,33 millones consignados en las cuentas de 2021, entre los que destacan los 2,16 millones de euros destinados a campañas de promoción en 3 partidas de 1,72 millones de la Dirección de Comunicación, de 331.105 euros de la Dirección de Relaciones Institucionales y de 110.500 de la Dirección de Acción Exterior.
En total, el Departamento que dirige Jesús Julio Carnero contará con un presupuesto de 176,21 millones de euros, un 10,73% más que en 2021, de los que 14,43 millones serán para inversiones reales y la mayor cuantía corresponde a la Dirección General de Atención al Ciudadano, con 4,12 millones de euros destinados de forma mayoritaria al contrato de gestión del servicio público 012 que acapara 3,9 millones de euros.
La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) tiene previsto inversiones en 2023 por un total de 268,6 millones de euros, donde destacan los 107,97 millones para plantas de abastecimiento y centros de depuración de agua y vertederos así como los 43,9 millones para mejorar la eficiencia energética con la sustitución de calderas y redes de calor.
El Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) aglutinará la mitad de la inversión real de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que cuenta en un presupuesto para el próximo año de 566,84 millones de euros, de los que 130,90 millones se destinarán a inversiones, frente a los 121 millones consignados en las prorrogadas cuentas de 2021.
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