“Invitamos a las empresas a que conozcan la realidad de la economía social y los centros especiales de empleo de iniciativa social y cómo la contratación de personas con discapacidad aporta valor añadido a la empresa y la sociedad. Tenemos que saber contar nuestra historia y los retos que hemos superado para llegar hasta aquí. En ocasiones la gente asocia de forma equivocada empleo con discapacidad con actividad de menor calidad. Ofrecemos precios competitivos, pero no porque la calidad de nuestro trabajo sea inferior, sino porque en nuestro fin prima la persona, trabajar y crear empleo frente a los resultados. Somos buenos compañeros de viaje y buena prueba de ello es que, aunque nos cuesta abrir nuevos nichos de empleo, cuando lo hacemos establecemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes, puesto que éstos se dan cuenta de que somos organizaciones muy serias en las que se puede confiar”.
Toda una declaración de intenciones las palabras de Daniel Clavero, vicepresidente de Feacem Castilla y León, la asociación patronal de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León, que agrupa a 41 empresas que dan trabajo a más de 2.600 personas con discapacidad. La entidad se constituyó en 2013 con la finalidad de representar los intereses de sus empresas -donde al menos el 70% de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad- y sus trabajadores. En Castilla y León, a 31 de julio, el censo de centros especiales de empleo activos era de 338, con 6.418 personas con discapacidad trabajando.
Buen momento para el empleo
Pablo Sánchez, presidente de Feacem Castilla y León, añade: “la experiencia nos dice que la empresa ordinaria debe estar convencida de esa parte de calidad y riqueza que genera el trabajo con personas con discapacidad, porque cuando se hace para cumplir con la ley -por ejemplo el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a reservar un 2% de empleos a personas de este colectivo-, no funciona”.
Sánchez enfatiza que nos encontramos en un “buen momento para el empleo de las personas con discapacidad. El mercado necesita trabajadores y es una oportunidad para este colectivo, que tiene muchas capacidades para aportar al mercado laboral. Por eso, la coyuntura es idónea para el despegue del empleo de estas personas”.
Consecución de objetivos
El presidente de Feacem Castilla y León señala que se ha ido consiguiendo prácticamente todos los objetivos marcados desde la asociación, por lo que hay que marcarse nuevos retos. Destaca como hitos importantes la constitución de la Comisión especializada para la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en el Consejo Regional de Economía Social, que califica como un “éxito a nivel político”; y el impulso, desde Feacem Castilla y León, de la Plataforma de Economía Social de Castilla y León, con gran parte de las familias de la economía social, denominada Asecyl.
Además, Sánchez hace alusión a la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las administraciones públicas a reservar un 10% de sus contrataciones con centros especiales de empleo de iniciativa social, “algo que no se está cumpliendo, y pedimos que se respete, sobre todo por el valor añadido que se genera”.
2 retos
Clavero incide en 2 retos principales en los que hay que trabajar, que tienen que ver con el envejecimiento del colectivo, “que empieza antes y condiciona más y con el ámbito tecnológico, ya que las actividades tradicionales que hemos realizado adquieren un componente tecnológico importante que a la discapacidad le impacta doblemente”.
Otra de las cuestiones que se ponen encima de la mesa es la importancia del empleo en el proyecto de vida de las personas con discapacidad, “que muchas veces se promueve y desarrolla desde su participación en un centro especial de empleo de iniciativa social, en ocasiones también en el medio rural. Pero el puesto de trabajo es sólo una parte de ese proyecto vital, puesto que es habitual que la persona se haya formado previamente dentro de una asociación de este ámbito y tras su período laboral pase a un centro ocupacional o residencia, con lo que prácticamente se completa el círculo”, sostiene Clavero.
Peticiones
En cuanto a las peticiones, los responsables de Feacem Castilla y León explican que la Dirección General de Economía Social de la Junta, “que ha apoyado desde el inicio la figura de los centros especiales de empleo, favoreciendo su desarrollo, es la canalizadora de los fondos que llegan desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que por desgracia en ocasiones son insuficientes. Nos gustaría tener la seguridad de que hay dinero autonómico para que esté garantizada la financiación para los centros especiales de empleo de iniciativa social. Además, necesitaríamos apoyo en innovación para el sector, con fondos autonómicos o participación en proyectos e iniciativas nacionales o europeas. Y por último, demandamos coordinación entre administraciones, como la que empieza a existir entre las Consejerías de Empleo y Familia de la Junta, para poder acometer un enfoque basado en el proyecto de vida de las personas”.
Pablo Sánchez, presidente de Feacem Castilla y León, detalla que un centro especial de empleo de iniciativa social es una empresa de la economía social, promovida por una entidad sin ánimo de lucro -ni de pérdida- en el que la persona prima sobre el beneficio económico, que participa en el mercado normalizado, con la particularidad de que, como mínimo, el 70% de sus trabajadores tiene algún tipo de discapacidad. Daniel Clavero, vicepresidente de Feacem Castilla y León, añade que lo más importante de un centro especial de empleo “es que se erige en herramienta de transición al mercado ordinario. Es una respuesta a una demanda de la sociedad”.
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