14 fondos de inversión institucionales y compañías energéticas extranjeras presentaron este jueves una demanda que da inicio a un procedimiento de arbitraje internacional contra España por los recortes retroactivos de primas a los productores fotovoltaicos aprobados por el Gobierno en diciembre del año pasado y que consisten en una limitación de las horas anuales con derecho a retribución en las plantas ya operativas.
La demanda presentada reclama indemnizaciones de cientos de millones de euros y se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo, según informa en una nota el despacho que coordina el recurso, Allen & Overy.
Esta es la segunda vez en la historia que dicho documento se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se había dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.
Origen del conflicto
Entre los demandantes abundan fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el mundo: AES Solar, Ampere Equity Fund, HgCapital, Element Power, Impax Asset Management, KGAL, NIBC European Infrastructure Fund, Whiteowl Capital, Eoxis, MPC Capital y MEIF Luxembourg Renewables, entre otros. Todos ellos invirtieron en España con la confianza de lograr unos ingresos estables gracias a la retribución establecida por el Gobierno.
El recorte de las primas del real decreto ley 14/2010 afecta a estos inversores, que han dedicado cerca de 2.000 millones de euros a los proyectos. En total, las plantas fotovoltaicas de las que son titulares estos inversores suman una potencia de 270 megavatios (MW).
Europa Press / Castilla y León Económica
