César Antón, consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, cifró en más de 7 millones de euros la cantidad agotada por la Renta Garantizada de Ciudadanía desde su puesta en marcha, hace 4 meses. “Las previsiones se mantienen y entran dentro de los créditos y plazos”, aseguró ante diversas asociaciones del ámbito social de Miranda de Ebro (Burgos), antes de recordar que el presupuesto global para estas prestaciones asciende a 27 millones.
Según sus datos, a fecha de 23 de marzo el número de solicitudes resueltas se eleva a más de 653, de las que 280 no habían abortado aún plazo. “Los 3 meses de plazo de resolución cuentan si todo el mundo presenta bien sus documentos y si las distintas administraciones implicadas en los diversos trámites burocráticos también son rápidas”, explicó.
Antón también se refirió a la nueva Ley de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que “cambiará el panorama actual” ya que “lo que antes era una asistencia ahora pasa a ser un derecho” y subrayó que junto a la prestación para la unidad familiar se incluye un programa individualizado para ayudar a salir a las familias de su situación de exclusión social. Junto a esto, hizo hincapié en que el trabajo “se centra ahora en el desarrollo del catálogo de esta nueva Ley de Servicios Sociales”.
Ley de Dependencia
La Ley Estatal de Dependencia fue otro asunto sobre el que incidió Antón, quien recordó que Castilla y León es la región “que más pronto y mayor número de prestaciones tiene concedidas” con cerca de 14 puntos por encima de la media nacional y el reconocimiento del subsidio al 80% de las personas a las que corresponde.
Por lo que se refiere a la financiación, el consejero afirmó que tanto los ayuntamientos como las diputaciones y las comunidades autónomas han hecho “un sobreesfuerzo”, pues el “82% ha sido aportado por estas administraciones”.
Europa Press / Castilla y León Económica