El Tribunal de Luxemburgo aplicó medidas cautelarísimas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar compatible con el mercado interior el decreto que incentiva el consumo de carbón nacional. Esta determinación fue adoptada apenas dos semanas después de que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa presentaran ante la Justicia Europea sendos recursos contra la decisión de la Comisión Europea.
Esta decisión no obliga al Ejecutivo nacional a paralizar las ayudas, pero si el Gobierno decide seguir adelante con las subvenciones tendrá que recuperarlas en el caso de que la sentencia final sea negativa. El auto provisional del Tribunal de Luxemburgo no se dirige a España sino que suspende temporalmente la decisión del Ejecutivo comunitario de declarar el plan del carbón compatible con la legislación comunitaria. “No prejuzga el auto definitivo ni la sentencia“. “La concesión de las ayudas queda bajo responsabilidad de quien las da. Pero si se sigue adelante con las subvenciones y finalmente el Tribunal de Justicia no las autoriza, deberán devolverse”, explicaron fuentes jurídicas consultadas.
Tras el auto provisional, Luxemburgo podría convocar una vista oral con las partes o pedirles que presenten sus argumentos por escrito. En un plazo de “pocos meses”, el Tribunal dictará su auto definitivo sobre si suspende cautelarmente la autorización de Bruselas al decreto del carbón hasta que haya una sentencia definitiva. En todo caso, el fallo final tarda de media dos años.
Argumentos en contra
Los recursos contra la normativa, que se presentaron de forma individual, toman como base la interpretación de las eléctricas de que el real decreto del carbón no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme a su reglamento. Por ello, las eléctricas solicitaron la aplicación de medidas cautelares y la suspensión provisional y con urgencia de la decisión de la Comisión Europea hasta que el tribunal analizase el caso mediante un procedimiento acelerado.
Entre otros argumentos, aseguran que la medida del Ejecutivo comunitario “no fue analizada en profundidad, es contraria a otras disposiciones del Tratado de la Unión, no responde a un riesgo real para garantizar el suministro energético y contraviene varias disposiciones europeas relativas a la industria del carbón”. Además, entienden que la nueva norma incrementará los costes del sistema eléctrico español, atenta contra el libre mercado e impedirá el cumplimiento de los objetivos medioambientales en España.
La semana pasada, Luxemburgo ya remitió un escrito no vinculante al Gobierno en el que se sugería la posibilidad de retrasar la aplicación del decreto a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones técnicas.
Frentes judiciales
El decreto del carbón, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, fue criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados. En este contexto, las compañías abrieron al menos otros dos frentes judiciales, uno ante el Tribunal Supremo y otros ante la Audiencia Nacional.
En el primero de ellos, el Supremo rechazó la solicitud de medidas cautelarísimas. Con respecto al frente abierto ante la Audiencia Nacional, las eléctricas denunciaron que en uno de los desarrollos normativos del decreto del carbón se da un plazo insuficiente de tres días a las centrales térmicas para que remitan su compromiso de compra de carbón nacional. La Audiencia decidió la semana pasada paralizar la aplicación de este desarrollo normativo y convocó una vista para estudiar si aplica medidas cautelarísimas.
Europa Press
