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Vicente y Matanza implanta sistemas para evitar riesgos legales en las empresas

El despacho vallisoletano recuerda que el ‘compliance’ supone una ventaja competitiva en los negocios
Socios del despacho Vicente y Matanza.
De izquierda a derecha, Pablo Vicente de Pedro, Emilio Matanza Senovilla y Juan Vicente de Pedro, socios del despacho Vicente y Matanza.

Compliance significa cumplir las normas, es decir, prevenir que un incumplimiento legal produzca un impacto reputacional y económico en una organización”, así define Pablo Vicente de Pedro, socio del despacho Vicente y Matanza, este término cada vez más presente entre las empresas de Castilla y León.

“Nuestra labor en este área parte del conocimiento del cliente para elaborar un mapa de riesgos y establecer diferentes medidas necesarias para prevenir estas situaciones y la posterior supervisión de los resultados. A través de un software específico se documentan todas las actividades para establecer un control”, señala el socio de esta compañía dedicada a la asesoría y consultoría.

Fundada en 2013 por los hermanos Juan y Pablo Vicente de Pedro y por Emilio Matanza Senovilla, este equipo multidisciplinar de abogados y economistas amplió sus instalaciones en 2016 y en 2017 incorporó a Óscar Curiel Domínguez para reforzar el Departamento Fiscal y Financiero.

Derecho mercantil y bancario

“En el último año, hemos duplicado la facturación y con nuestra trayectoria nos hemos convertido en un referente en Derecho mercantil y bancario. Nuestro objetivo es seguir creciendo gracias a la calidad del servicio, el trato cercano y la implicación que ofrecemos a las empresas de la región”, añade Vicente de Pedro, que destaca la formación específica de estos profesionales en el área del compliance.

El socio de Vicente y Matanza subraya la poca implantación del compliance en las empresas de Castilla y León, en muchos casos por desconocimiento, aunque cada vez son más las grandes compañías que exigen estos programas a sus proveedores.

“Contar con este sistema es una ventaja competitiva de cara la futuro”, apunta Vicente de Pedro, que destaca que sus beneficios se centran en una prevención real de los delitos, la creación de una cultura ética en los negocios, la exención de responsabilidad penal y una protección más segura y eficaz de la imagen de la empresa, entre otras.

Más información en el número de noviembre de Castilla y León Económica

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