El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía Social, una normativa pionera en el ámbito europeo que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores, de los consumidores y del fin social, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad.
Según destacó la vallisoletana Mari Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo, esta Ley otorgará “poder de participación” a los todos los agentes implicados en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la materia, y genera “un nuevo marco de interlocución que antes no existía”.
De hecho, las cooperativas en sus distintas modalidades, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades que se rijan por los principios previstos en la Ley, podrán trasladar sus demandas y colaborar en el fomento del sector de la economía social, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector.
Castilla y León Económica