José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia, presentó hoy en Valladolid los criterios básicos del documento de ordenación territorial que la Junta someterá a debate político a partir del próximo mes de junio y sobre el que deberá alcanzarse un acuerdo durante el primer año de la próxima legislatura, según establece la Agenda de Población. “Se trata de un cambio tranquilo, pero imparable que vamos a recorrer buscando el consenso”, apuntó De Santiago-Juárez durante la clausura del II Seminario Ordenación del Territorio, que sirvió para presentar el informe elaborado por el grupo de expertos del programa Las Comunidades Autónomas en el siglo XXI del Gobierno regional.
El primero de los puntos enunciados por el consejero de la Presidencia es que la nueva ordenación territorial debe evitar la creación de nuevas estructuras administrativas, que generen más gasto. Asimismo, apuntó la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación entre la Junta y las diputaciones; definir las nuevas unidades básicas de ordenación; convertir estas políticas en un recurso para mejorar la toma de decisiones y beneficiar a los ciudadanos; definir el nuevo papel de las entidades provinciales, sobre todo en lo referente a la prestación de servicios; y facilitar a los pequeños municipios el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas por ley.
Adelgazar la Administración
En su intervención, apuntó también que es preciso fortalecer a los municipios, pero es necesario “ser menos para hacer más cosas y hacerlas mejor”. En este sentido, señaló que frente a la opción actual de asistencia por parte de las diputaciones y la propuesta de reducir el número de entidades locales por fusión o integración, la Junta opta por la vía de la asociación voluntaria en lo que los expertos denominan Áreas Mancomunadas de Interés Voluntario (AMIV) o Distritos de Interés Comunitario. Se trata de una unidad superior al municipio que puede tener carácter estable o ser creada para paliar determinadas necesidades de manera puntual.
Para el consejero de la Presidencia, este modelo obligará al Gobierno regional a reorganizar el mapa de las mancomunidades; redefinir la labor de las diputaciones bajo la perspectiva de apoyo a estas áreas; acordar prioridades y objetivos comunes entre las administraciones regional y provinciales; reformar el marco legal; y estimular la voluntad de los municipios para que creen distritos. “Es un camino que será preciso hacer confluir con otras ordenaciones sectoriales”, apuntó el consejero de la Presidencia en referencia a ámbitos como la sanidad y la educación, entre otros.
Castilla y León Económica
